Comunicado DESCO - FES

El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) y la Oficina en el Perú de la Fundación Friedrich Ebert (FES) saludan al Congreso de la República del Perú por la reciente aprobación de la reforma constitucional que incorporar el artículo 7-B en la Constitución Política: “El Estado reconoce el derecho de toda persona de acceder a una vivienda digna y adecuada, con servicios básicos esenciales. El Estado promueve la ejecución de programas de financiamiento de viviendas de interés social, para hacer efectivo el acceso equitativo y descentralizado de este derecho”.

A lo largo del 2016, el Programa Urbano de DESCO y la FES impulsamos propuestas desde la sociedad civil hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), donde se aprobó la Nueva Agenda Urbana para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para los próximos 20 años. Asimismo, desarrollamos diálogos ciudadanos en Lima Sur, Norte, Centro y Este, y en las ciudades de Arequipa, Piura, Puerto Maldonado, Huancayo y Tarapoto. En el 2017, relevamos la agenda de “la conflictividad urbana y el desarrollo sostenible en las ciudades amazónicas” de Pucallpa, Puerto Maldonado e Iquitos.
El 2018 con el despacho del ex - congresista Wilbert Rosas, presidente de la Comisión de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología del Congreso de la República, promovimos mesas de trabajo con organismos públicos relacionados a la atención de los problemas urbano – ambientales de las ciudades del Perú. Durante el mismo año y parte del 2019 impulsamos diálogos ciudadanos para relevar la problemática de “los efectos del cambio climático y la urbanización en ciudades de la costa, la sierra y la amazonia peruana”. Además, en el 2020 realizamos el ciclo de foros virtuales “Las ciudades en cuestión: derecho a la ciudad y transformaciones post pandemia”, con actores políticos, académicos y de sociedad civil para formular propuestas de lineamientos de política pública frente a los efectos e impactos del COVID-19 en las ciudades del Perú.

Por tratarse de una reforma constitucional, deberá ser votada por segunda vez en la próxima legislatura. Es claro el actual contexto de crisis institucional en el que nos encontramos, pues muchas leyes y reformas obedecen a las demandas expresadas por la población desde hace muchos años. Los efectos sobre la calidad de vida de los peruanos ocasionados por la pandemia actual evidencian las desigualdades sociales y problemas estructurales. Las orientaciones como #QuedateEnCasa o #LavateLasManos son necesarias, pero contradictorias en un país como el Perú, donde el déficit de vivienda nueva y acceso a servicios es limitado para las grandes mayorías de habitantes de las distintas regiones del país. Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, organizaciones profesionales de la construcción, gremios de trabajadores y autoridades de los gobiernos regionales y locales a pronunciarse en favor de estos ajustes legislativos necesarios para encaminarnos a contar con Estado garante de los derechos humanos fundamentales.

Esta primera votación de la reforma constitucional que reconoce el derecho a la vivienda adecuada nos alienta a seguir trabajando con la sociedad civil, actores políticos y académicos. Ello, con el objetivo de que mujeres y hombres de todas las generaciones, de la costa la sierra y la selva accedan al ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, consagrados en la Constitución Política del Perú, en la cual los acuerdos internacionales firmados por el Perú como la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 sirvan de orientación para enrumbar la política pública nacional en el contexto internacional de recuperación de los medios de vida de las poblaciones afectadas por la pandemia. El Estado peruano tiene la responsabilidad de atender la mejora de las condiciones de salubridad y planificación territorial, para ello es necesario recuperar la función social del acceso a la tierra y la vivienda.